FORO AMIGOS DE LA CIUDAD CATOLICA

LA POLÍTICA FAMILIAR EN LA ESPAÑA DEMOCRATICA

 

Distinguidos Señores:

El tema que da razón de ser al Foro que a continuación iniciamos es, evidentemente, amplio y complejo. Por ello, es necesario acercar el foco de luz a una –de las varias- causas eficientes, que, a mi entender, origina la situación jurídica y política actual de la Institución de la Familia y de su pilar fundamental, el matrimonio, en la España de hoy. Así, el tema a desarrollar se concretaría a partir de la formulación de las siguientes hipótesis de trabajo:

Primera.- La inmersión del Estado Español dentro del fenómeno globalizador, jurídico y político, afecta de tal suerte a la Institución familiar, que la noción de la misma, a la hora de ser contemplada por el legislador español en aras a la ejecución de políticas estatales o autonómicas, se articula a partir de las concepciones internacionalistas ajenas a la tradición patria, vinculada esta última, de manera inseparable, a su verdadera naturaleza y pilar fundamental: EL MATRIMONIO, concebido como la unión de hombre y mujer, en aras a amarse mutuamente, en aras a la procreación y a la educación religiosa de los hijos, bajo las propiedades esenciales de unidad, indisolubilidad y fidelidad, elevada a la dignidad de Sacramento por Dios, Nuestro Señor. En definitiva, se afirma que el fenómeno internacionalista, político y jurídico, está comportando la paulatina desaparición social del matrimonio cristiano y de la concepción familiar de él derivada, así como la desaparición de su protección jurídica por parte del estado español. (En este sentido, y haciendo eco del Foro de ayer, "Guerra Campos, la coherencia de un obispo", destacar que éste entendía el matrimonio como la Institución natural, definida por unos fines, ligados a la unión y relaciones entre varón y mujer, como comunión de vida fundada en verdadero amor a las personas, que les compromete a quererse bien, en todas las circunstancias, y en la ordenación específica de este tipo de unión a la generación y formación de los hijos; compromiso libre, vinculante, con unidad y estabilidad).

Segunda.- El fenómeno globalizador, por lo que respecta al ámbito jurídico, pudiere caracterizarse por la persecución de dos objetivos principales:

  1. La elaboración de un elenco de derechos de carácter universal, tutelados por los diferentes órganos judiciales –así como jurisdicciones- nacionales de manera directa y efectiva, siendo, por ende, susceptibles de aplicación de oficio, y también susceptibles de ser alegados por las partes en conflicto, en sede judicial -y administrativa, inclusive-con independencia de su tipificación en el ordenamiento positivo del Estado, en este caso, español .
  2. La creación de un Tribunal Internacional, con jurisdicción mundial, y, por razón de la materia, con competencia para conocer de los conflictos en los que pudiere ser vulnerado cualquier derecho de carácter universal, realizar la interpretación del mismo, y condenar a la parte o partes (públicas o privadas) que pudieren dañar a aquél.

Tercera.- Desde una perspectiva interna, la pérdida, por parte de los gobernantes, del sentido de la justicia, con las implicaciones que ello genera en relación con el bien común y la naturaleza de las cosas que le sirve de fundamento, afectando, por ende, a la Institución Familiar.

A continuación, paso a mostrar los razonamientos que dan razón de ser a las anteriores hipótesis de trabajo:

La integración de una nación en un futura unidad internacional se canaliza a través de fases sucesivas aplicadas a distintas divisiones territoriales.

En concreto, y en el caso de España, como nación situada en la Europa Occidental, tres son los paradigmas jurídicos, a mi modo de ver, que procuran, lentamente, alcanzar una integración sectorial, jurídica y política, y en los que España participa de manera activa, tanto por su situación geográfica como por sus compromisos adquiridos:

.Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y en el que España es parte como miembro del Consejo de Europa (ingresó en dicho Consejo en el año 1977). Este convenio ha sido publicado en el BOE nº. 243 de 10 de Octubre de 1979.

.Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Institución creada jurídicamente a raíz del Tratado anterior (art. 19 del Convenio), cuya competencia ha sido reconocida por España mediante la declaración facultativa prevista en el art. 46 del Convenio citado anteriormente.

.Tratado de Maastrich, de la Unión Europea, de 7 de febrero de 1992, del que España es parte, mediante Instrumento de Ratificación de 29 de Diciembre de 1992; modificado por el Tratado de Ámsterdam (fecha e Instrumento de Ratificación).

Siendo, por ende, España, Alta parte contratante de los anteriores Convenios, y reconociendo, de manera expresa, la competencia y jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es inminente plantear la relación-que no deja de ser una subordinación- de nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito de la Institución familiar, al ordenamiento jurídico internacional derivado de los compromisos contraídos por las autoridades gubernamentales españolas. Ello nos permitirá observar cómo doctrinas y concepciones jurídicas, concretadas en el derecho positivo internacional convencional y en la jurisprudencia de él emanada, elaboradas allende de nuestras fronteras, hacen mella en la tradición jurídica familiar española, desde su más honda raíz, como es la naturaleza del matrimonio, propiciando la situación actual. Y ello puede realizarse desde dos vertientes en el ámbito jurídico:

  1. Modo de integración de los Convenios Internacionales en el derecho interno español y su posición jerárquica en el sistema de fuentes del derecho, a partir de la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.
  2. Análisis de la interpretación jurisprudencial llevada a cabo por el TEDH de la Institución familiar y de los derechos que la originan –derecho a contraer matrimonio; derecho a una vida familiar-, reconocidos en el Convenio de Roma, y de sus consecuencias, legales y judiciales, para el derecho patrio.

Tratando el primer aspecto, la Constitución Española de 1978 establece, en su art. 96.1 que: "Los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del Ordenamiento Interno", de tal suerte que los derechos y obligaciones en ellos estipulados son susceptibles de ser exigidos y de ser invocables judicial y extrajudicialmente, previa publicación de la norma internacional convencional por el órgano español competente. Y, según afirma el art. 94 de la CE de 1978, para que un Tratado Internacional sea válidamente celebrado se requiere el siguiente modus operandi:


"
Artículo 94
1. La prestación del consentimiento del estado para obligarse por medio de
tratados o convenios requerirá la previa autorización de las cortes generales,
en los siguientes casos:
a) tratados de carácter político.
b) tratados o convenios de carácter militar.
c) tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del estado o a
los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título I
(aquí se incardina el aspecto familiar, por cuanto que el artículo 32 de la CE, perteneciente a este título, establece que:
"
1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad
jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para
contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y
disolución y sus efectos."

Así también, el . Artículo 39 de la CE establece que:
"
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de
la familia." )

d) tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda
publica.
e) tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o
exijan medidas legislativas para su ejecución.
2. El congreso y el senado serán inmediatamente informados de la conclusión de
los restantes tratados o convenios."

En relación con la posición jerárquica de los Tratados Internacionales en el sistema de fuentes, se destaca, por un lado, el artículo 95 de la CE de 1978, por el que:

"Art. 95
1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la constitución exigirá la previa revisión Constitucional.

2. El gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción."

 

Y, por otro lado, el art. 96.1 de la CE de 1978, por el que:

"Artículo 96 1. Los tratados internacionales validamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del
derecho internacional."
(Así, ninguna norma interna tiene fuerza jurídica para derogarlo o modificarlo, a priori)

En virtud de estos preceptos, se reconoce la primacía jerárquica de los Tratados Internacionales, en caso de conflicto, en relación con cualquier otra fuente del derecho interno latu sensu; así, entre otras, la STC 28/91 de 14 de febrero, se manifiesta en dichos términos.

Y esta situación queda reforzada por lo que establece el artículo 10.2 de la CE 1978:

"Artículo 10 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
constitución reconoce-
derecho a contraer matrimonio y protección social, económica y jurídica de la familia, en relación con el aspecto que nos ocupa- se interpretarán de conformidad con la declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España."

En su virtud, no sólo se deberán tener presentes en la actividad pública dichos derechos fundamentales, sino también LA INTERPRETACIÓN QUE DE LOS MISMOS REALIZAN INSTITUCIONES TALES COMO EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, quedando, también, por ende, el Tribunal Constitucional, vinculado a dicha interpretación y no a la que pudiere realizar ex novo.

De este primer aspecto se concluye con la existencia de una subordinación clara del derecho patrio al internacional convencional -así como a su progresiva desaparición- y a su interpretación ejercida por instituciones internacionales, vinculante para los poderes públicos nacionales si pretenden ajustar su conducta al marco de la legalidad constitucional que debe interpretar el TC.

Esta situación también se ve agravada por lo que establece el Tratado de Maastricht en su artículo 6.2 :

"La Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de Noviembre de 1950, tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho Comunitario".

Subordinación jerárquica y dependencia interpretativa son los dos muros de contención que utiliza el derecho internacional, en este caso, convencional, frente al derecho nacional.

En relación con el segundo aspecto, esto es, qué Derechos fundamentales se reconocen internacionalmente en relación con la Institución familiar, en concreto, en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, del que España es parte, y cuál es su interpretación jurisprudencial, debemos destacar, por un lado, el artículo 8 de dicho Convenio, por el que:

"1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia"

y, por otro lado, el artículo 12, por el que

"A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho"

De una interpretación sistemática de ambos preceptos, puede deducirse que el pilar familiar, el origen de la familia, reside en el matrimonio exclusivamente. Pero matrimonio entendido según la regulación que el derecho interno establezca en relación con su origen, forma, derechos y deberes, disolución y efectos de la misma. Por ende, se da carta de naturaleza a la ingerencia de los poderes públicos en la regulación de un sacramento, que por dicha razón, compete a la Santa Iglesia Católica la determinación de su origen, contenido, forma y disolución -en el caso del vínculo matrimonial- (así lo expresa el canon 1055.2 del Código de Derecho Canónico, indicando que entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido, que por el mismo hecho no sea sacramento y, más concretamente, destacar el canon 841 por el que se establece que sólo a la Iglesia le corresponde determinar todo aquello referente a la celebración, administración, recepción lícita y ritual que se debe observar, incluyendo la naturaleza, fines y propiedades el sacramento). La violación esencial de las autoridades estatales consiste en no respetar, en el marco jurídico, la esencia natural y cristiana del matrimonio, y en aventurarse a conceptualizar acerca de una nueva esencia matrimonial, contraria al derecho natural, que, por otra parte, sí respeta el ordenamiento canónico.

Esta situación de agresión jurídica se concreta en el ordenamiento jurídico-positivo español, -en plena concordancia con el Convenio Europeo por cuanto, efectivamente, nuestro derecho regula plenamente la Institución familiar-, en el artículo 49 del Código Civil :"Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España: 1º Ante el Juez o funcionario señalado por este Código; 2º En la forma religiosa legalmente prevista", contemplándose el matrimonio como una simple institución jurídica, reservándose el estado la regulación esencial del mismo, como se ha dicho ( a tal fin pueden comprobarse los art. 42 y ss. del Código Civil) pero permitiendo la mal llamada "libertad de forma", de tal suerte que el contenido, disolución, caracteres del matrimonio cristiano, -la forma o rito se mantiene- se sustituyen por los criterios del derecho nacional y únicamente en este sentido están vinculados legalmente el esposo y la esposa, sin que se proteja legalmente los verdaderos derechos y obligaciones matrimoniales, así como su finalidad y propiedades esenciales. Además, el art. 80 del mismo código señala que "Las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre la nulidad del matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustados al derecho del estado en resolución dictada por el juez civil competente(...)"

Desahuciado el matrimonio de su condición esencial sacramental, de sus propiedades esenciales y naturaleza, y contemplado como un simple vínculo contractual (una figura jurídica más), no es de extrañar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare que el ejercicio del derecho a casarse y a fundar una familia haga referencia, sin más, a un matrimonio entre dos personas de distinto sexo biológico (STEDH 27-09-90). Esto es, contrato que nace de un consentimiento manifestado mediante una forma determinada por el que se asumen unas obligaciones legalmente impuestas –normas de ius cogens- que no necesariamente deben obedecer al orden natural.

Pero esta posición inicial concebida por el Tribunal no cierra las puertas, ni mucho menos, a otros ataques más graves, si cabe, que conllevan también la desaparición y la no protección del matrimonio, no ya como institución natural elevada a la dignidad de Sacramento, sino también como un específico vínculo contractual entre personas de distinto sexo, para pasar a permitir y, lo que es más grave, identificar, vida familiar no ya con el matrimonio "desnaturalizado" o unión entre hombre y mujer jurídicamente formalizada y regulada, sino también con relaciones sentimentales y afectivas de hecho entre personas de igual o distinto sexo, e, inclusive, transexuales. Así, en la STEDH 22-04-97 se establece que el concepto de vida familiar engloba no sólo al núcleo social de convivencia fundado sobre el matrimonio (por lo tanto, en virtud de un contrato formalizado legalmente) sino a otras relaciones de ipso (sin cumplir las formas legalmente establecidas ni asumir el contenido jurídico esencial del contrato matrimonial), siempre que existan elementos tales como convivencia, tiempo de la misma, hijos en común, prueba de compromiso, etc.

En definitiva, la jurisprudencia del TEDH, amparándose en el art. 8 del Convenio de Roma, considera como derecho fundamental la vida familiar, la que nace del matrimonio-no sacramental- o de otras uniones de hecho distintas, pero con base afectiva y sentimental análoga. Por ende, la Familia, la Sagrada Institución familiar, ha dejado de ser contemplada y protegida por el orden jurídico, nacional e internacional, atentando, con ello, contra el derecho natural, regulando aquél otras formas de convivencia entre personas de igual o de distinto sexo, construyendo, desde la vía judicial, un nuevo concepto de familia, pero contrario a la naturaleza de las cosas y promoviendo, por ende, la no perfección del ser humano en sus relaciones más íntimas y personales. En el caso de España, se observa la misma degradación (ya intuida por Monseñor Guerra Campos en los años 70 al afirmar que Un peligro más característico de la sociedad contemporánea es de origen social: El peligro de que la familia se disuelva en esta sociedad abierta, masificada como suele decirse, que fomenta excesivamente formas muy equívocas de emancipación y de falsa igualdad entre los miembros de la familia y por tanto destruye el carácter fecundo de ese núcleo que es la misma familia): la institución Matrimonial, a partir de los años 80, pierde la propiedad esencial de Indisolubilidad (en este sentido, Monseñor Guerra Campos afirmaba que La indisolubilidad del matrimonio es de Derecho Natural. Luego el Estado no debe permitir el divorcio en ningún caso. La sentencia de divorcio carece de validez para disolver el vínculo) y, con ella, las de unidad y fidelidad, junto con la concepción sacramental de la misma. Por ello, la legislación española desvirtúa y absorve de tal suerte la concepción de matrimonio que la contempla como una unión entre hombre y mujer con características jurídicas específicas en cuanto a su nacimiento o formalización, pero que no es un matrimonio strictu sensu – acogiéndose, como vemos, a lo que dispone el Convenio de Roma de 1950 en relación con la regulación estatal sobre la materia-; a posteriori, y siguiendo con las fases de "acoso y derribo" de la verdadera Institución familiar, se reconoce el derecho a no contraer matrimonio, pero que no excluye la posibilidad de convivencia afectiva o sentimental, dando origen, y en plena consonancia con la jurisprudencia del TEDH, a las llamadas "parejas de hecho". En consecuencia, ni se protegen las normas canónicas de la Institución matrimonial, otorgándose los mismos derechos que a un verdadero matrimonio correspondería (Adopción, Sucesión, Beneficios Fiscales) ni se prohíbe la convivencia extra-matrimonial como fuente de vida familiar, y, por lo tanto, de ser susceptible de derechos y obligaciones idénticos a los matrimoniales. Con este panorama, ¿para qué el matrimonio cristiano?

Siendo esto así, España, vinculada completamente a las premisas jurídicas y políticas internacionales, lleva a cabo su no política familiar en base a dichas directrices. No obstante, si bien es cierto que, a nivel estatal, no se ha promulgado ninguna ley de parejas de hecho, sí que puede apreciarse la actividad pública actual en los siguientes aspectos:

.A nivel estatal y autonómico, se mantiene la concepción laicista del matrimonio, según se ha dicho;

.A nivel estatal, reconocimiento de ciertos derechos a las parejas de hecho (P. Ejemplo, en la LAU de 24 de noviembre de 1994);

.El reconocimiento del Tribunal Constitucional de las situaciones more uxorio (TC 2ª, 13-07-98) y, por lo tanto, de la libertad a contraer o no contraer matrimonio;

.A nivel autonómico, las distintas normas jurídicas reguladoras de las llamadas "parejas de hecho".

En este sentido, tres son, hasta el momento, las comunidades autónomas que han legislado sobre la materia: Navarra, Cataluña y Aragón.

En Navarra existe la Ley Foral 6/2000, de 3 de Julio, para la igualdad jurídica de las Parejas Estables. En su exposición de motivos expresa que "El art. 39 de la Constitución Española indica la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. En dicho artículo no existe referencia a un modelo de familia determinado ni predominante, lo que hace necesaria una interpretación amplia de lo que debe entenderse por tal"; "(...) el derecho a contraer matrimonio (...) incluye el derecho a no contraerlo y optar por un modelo familiar distinto, sin que el ejercicio de ese derecho deba comportar obtener un trato mas desfavorable por la ley".

En Aragón existe la Ley 6/1999 de 26 de Marzo, relativa a parejas estables no casadas. En su exposición de motivos establece que "El principio de libertad individual que fundamenta la propia constitución (...) obliga al legislador a aceptar que toda persona tiene derecho a establecer la relación de convivencia afectiva más acorde con su propia sexualidad". En Cataluña existe la Ley 10/98, de 15 de Julio de uniones estables de pareja, pionera en España. En su exposición de motivos se afirma que "el vínculo matrimonial genera ope legis en la mujer y el marido una pluralidad de derechos y de deberes que no se produce de una manera jurídicamente necesaria entre el hombre y la mujer que mantienen una unidad de convivencia estable no basada en el matrimonio. Estas consideraciones son aplicables, sin impedimento, a las parejas de homosexuales que conviven maritalmente (...)".

Estas expresiones permiten deducir de manera clara y concisa las afirmaciones que se han ido elaborando a lo largo del presente discurso y que son los pilares, los desgraciados pilares, que sustentan la política familiar en la España de hoy, a saber:

1º.- El matrimonio es un simple contrato que genera ex lege derechos y obligaciones para los contrayentes.

2º.- La regulación de esa institución se encuentra al margen del derecho Canónico y por ende del derecho Natural, al ser absorbida por el derecho Nacional español.

3º.- La Constitución Española reconoce el derecho a no contraer matrimonio y a fundar una familia sin necesidad de un vínculo contractual previo.

4º.- Que la situación anteriormente mencionada debe gozar de los mismos derechos que el matrimonio considerado como simple vínculo contractual; a su vez a este último se le otorgan los mismos derechos que al matrimonio sacramental –o verdadero matrimonio en cuanto institución natural-.

5º.- El derecho Internacional Convencional, así como su interpretación jurisprudencial, es uno de los máximos artífices de esta situación actual.

Finalmente, y en relación con la pérdida del sentido de justicia que afecta a las capas gobernantes, es necesario plantear, en primer término y en el ámbito de la Institución familiar, de qué forma debe protegerse a ésta para garantizar el bien común y, a posteriori, observar las políticas practicadas en aras a emitir un correcto juicio acerca de si se preserva o no el sentido de justicia en relación con la familia.

Siendo esto así, destacar que la Institución matrimonial, como institución de derecho natural, debe ser protegida en relación con las propiedades esenciales-indisolubilidad, unidad y fidelidad- así como, también, en los fines-amor mutuo, procreación y educación religiosa de los hijos- que naturalmente le corresponde, debiendo la autoridad política garantizar jurídicamente la naturaleza del matrimonio para la perfección y desarrollo de éste, en base a los criterios de la justicia legal.

No obstante lo anterior, observamos que dicha situación no acontece, por los siguientes motivos:

Primero.-Como anteriormente se ha mencionado, la familia que protege nuestro ordenamiento jurídico no es la que se fundamenta en la Institución natural-sacramental del matrimonio, rectamente entendido, sino que se basa en otras concepciones de relaciones afectivas a las que se les atribuye, con craso error, el concepto de "familia". Aparece pues, una primera vulneración del derecho natural, por cuanto que el ordenamiento jurídico-positivo promueve, regula, reconoce y atribuye los mismos derechos de la que es titular la institución matrimonial, a otras situaciones completamente distintas –uniones afectivas y sentimentales formalizadas legalmente o matrimonio civil / uniones de hecho-.

Segundo.- Los fines naturales del matrimonio no encuentran un ámbito social ni jurídico que propicie su realización. Así, la despenalización del aborto mediante la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio que modifica el Código Penal, los proyectos relativos a la Planificación familiar y la libre comercialización de medios anticonceptivos, así como la educación laicista en las escuelas, son botón de muestra de esta situación.

Tercero.- Del mismo modo, desaparecen los medios de tutela jurídicos relativos a la indisolubilidad, unidad y fidelidad, mediante la Ley 30/1981 de 7 de julio, sobre modificación de la regulación del matrimonio en el Código Civil y determinación del procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio, así como la despenalización del adulterio.

Observando este panorama, podemos concluir diciendo que la consecuencia de la pérdida del sentido de justicia es la elaboración de una política ajena a la virtud prudencial (medios en aras a lograr el Bien Común, que es la protección de la naturaleza de los elementos sociales, bajo los auspicios del Derecho Natural), e integrada dentro de una técnica o poiesis, consistente en la creación "artificial", jurídica y social, de un nuevo concepto de familia, ajeno a la realidad de las cosas.

En definitiva, el estado español, en vez de reconocer el ordenamiento canónico relativo al matrimonio en relación con los bautizados, y en vez de establecer una regulación matrimonial acorde con el derecho natural en relación con los no bautizados, constituye un mal llamado matrimonio vinculante y común a bautizados y no bautizados, y contrario al derecho natural. Del mismo modo, permite situaciones promiscuas mediante la no prohibición y regulación expresa de las parejas de hecho.

3 de Noviembre de 2001

JAIME LÓPEZ ARBOLEDAS